Miércoles, 07 Junio 2017 17:20

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Investigadores con vocación empresarial: se terminó la espera

* Texto colectivo de los miembros del Consejo Consultivo de Ciencias: Enrique Galindo (UNAM), Enrique Sucar (INAOE), Adolfo Guzmán (IPN), Alfonso Larqué (CICY), Mayra de la Torre (CIAD), Sergio Revah (UAM-Cuajimalpa), Alejandro Alagón (UNAM), Lorenzo Martínez (UNAM), Luis Herrera-Estrella (LANGEBIO)

Junio 07, 2017
La Crónica de Hoy, Opinión


-Ya existe el marco legal para crear empresas de base tecnológica sin conflicto de intereses.
-Es imperativo hacer realidad estos cambios legislativos para que el conocimiento generado en las instituciones públicas de investigación, se traduzca en beneficios para la Sociedad Mexicana.


En México, el impacto económico de la comunidad de investigadores no corresponde a la dimensión del país. En el Sistema Nacional de Investigadores hay cerca de 27,000 científicos, y la tasa de generación de conocimiento ha crecido sustancialmente. Sin embargo, si comparamos los indicadores de nuestro país en términos de actividad tecnológica y de innovación con otros países, tenemos un rezago monumental en términos de número de patentes solicitadas, transferencias tecnológicas o creación de empresas de base tecnológica. Es por ello imperativo lograr la transición de México hacia una economía basada en el conocimiento [1].

Se ha hablado mucho sobre la “vinculación de la academia con la industria”. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de los considerables esfuerzos que el Gobierno Federal ha hecho al respecto, las industrias innovadoras en México son muy pocas. Sólo creando una nueva industria tecnológica será posible asimilar el avance científico nacional y alcanzar un nivel competitivo a nivel global.

¿Quienes pueden crear tales nuevas empresas? En países como Estados Unidos, Corea del Sur, y otros, los que han creado este tipo de nuevas empresas han sido principalmente los generadores del conocimiento o de la tecnología: los investigadores. Con las reformas legislativas recientes en México, este fenómeno se puede replicar en nuestro país.

La ciencia en México tiene buen nivel; sin embargo, los investigadores tienen poco interés en la explotación comercial del conocimiento generado, lo cual se refleja en el bajo número de patentes y la reducida transferencia de tecnologías. Las razones por las que los investigadores mexicanos patentan muy poco son complejas y de carácter estructural: la falta de cultura tecnológica y de emprendimiento, la falta de recursos para financiar la gestión de las patentes, el desconocimiento del mercado y la situación de la industria mexicana.

Ante este panorama, ¿quién va a licenciar las (pocas) patentes que generan los investigadores?, ¿tienen éstas probabilidad de ser explotadas comercialmente?, ¿quiénes van a formar las nuevas empresas de base tecnológica que requiere el país? Como ha sucedido en otros países [2]: han sido los propios investigadores los que las forman. Por ejemplo, Estados Unidos, un país líder en innovación, en 1980 emitió la llamada Ley “Bayh-Dole”, que facilitó la explotación de patentes generadas por las instituciones de investigación y universidades, así como la formación de empresas spin-off, hecho que disparó la innovación en ese país.

En México, uno de los principales obstáculos para el emprendimiento por parte de investigadores es el hecho que el 70% trabajan en universidades y centros públicos de investigación y por esa razón tenían un conflicto de interés. Hasta antes de diciembre de 2015, la Ley a nivel federal impedía expresamente la participación de los investigadores de las instituciones en empresas a las que se les pudiera transferir las tecnologías generadas en la misma institución. Ese impedimento ya no existe. El 8 de diciembre de 2015, se logró que la Cámara de Diputados aprobara unánimemente reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos [3]. El espíritu de esta Ley, hace una excepción al conflicto de interés para el caso de la participación de los investigadores en la creación de empresas [4]. La Ley no sólo permite la formación de empresas por investigadores de las instituciones públicas y la transferencia de tecnologías a dichas empresas, sino que también las estimula, es decir es una Ley con espíritu de fomento. A nivel internacional esta excepción al conflicto de interés es aceptada [2] y ha disparado la innovación en los países en los que se ha implementado.

Las reformas a las Leyes mencionadas establecieron un plazo de 180 días para que las instituciones públicas de investigación adoptaran lineamientos específicos para adecuar su legislación a las reformas. Lamentablemente, sólo un muy limitado número de instituciones han cumplido con este requisito legal (que venció el 7 de junio de 2016) y en algunas de las muy contadas instituciones que lo cumplieron, se establecieron normas que paradójicamente son más restrictivas e inhibitorias que las que existían antes de la reforma.

Sería regresivo que, ahora que el Congreso de la Unión ha hecho un excelente trabajo legislativo, las reformas pasen desapercibidas entre los investigadores o que se inhiba el impulso modernizador por una normativa institucional que vaya en contrasentido del espíritu de los cambios en las Leyes. Hay también que señalar que la voluntad política del Decreto Presidencial del 8 de diciembre de 2015 no ha sido internalizado en la práctica por el Poder Ejecutivo (Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, entre otras) lo que ha retrasado su imprescindible promoción y puesta en marcha.

Hay que resaltar que, si bien escasos, en México hay ejemplos de emprendimientos científicos exitosos hechos por investigadores (ver http://www.ccciencias.mx/es/ebt ). Estas iniciativas han demostrado que es posible crear empresas de alta tecnología que ya están beneficiando a las instituciones de investigación mediante el pago de regalías, que puede llegar a ser muy sustancial [1].

Los investigadores en México tenemos ahora una oportunidad única, no sólo para generar conocimiento, sino para contribuir a llevar a nuestra economía a una basada en el conocimiento, generando empleos de alta calidad y riqueza para nuestra Sociedad. Podemos llevarlo a cabo con acciones que contribuyan a cambiar la realidad industrial de nuestro país, creando un dinámico sector privado, sustentado en la ciencia, tecnología e innovación. Si las empresas “tradicionales” no lo han logrado, hay que fomentar la gestación de una nueva generación de investigadores-empresarios que lo hagan.

Se invita a la comunidad científica y tecnológica del país a conocer con detalle las implicaciones y potencial del cambio en la Ley y a las oficinas legales de universidades y centros de investigación a emitir los lineamientos específicos que permitan aprovechar al máximo esta reforma legislativa, para beneficio de las propias instituciones y de la Sociedad.

[1] La transición de México hacia una economía basada en el conocimiento: retos y oportunidades A. Juárez, Biotecnología en Movimiento, Num. 5 (abr-jun 2016), p. 12-16. Disponible en: http://www.ccciencias.mx/pdf/ebt/ebt01.pdf

[2] Legislative environment and others factors that inhibit transfer of Mexican publicly funded research into commercial ventures Hernández-Mondragón, A.C., Herrera-Estrella, L. & Kuri-Harcuch, W. (2016), Technology in Society 46, 100-108. Disponible en: http://www.ccciencias.mx/pdf/ebt/01.pdf

[3] Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. Diario Oficial de la Federación, 8 de diciembre del 2015, Primera sección, pág 78-79. Disponible en: http://www.ccciencias.mx/pdf/ebt/02.pdf

[4] Excepción al conflicto de interés: reforma al régimen de conflicto de interés para favorecer la vinculación de los investigadores con el sector productivo R. Roque, Biotecnología en Movimiento, Núm. 8 (ene-mar, 2017), pags. 16-19. Disponible en: http://www.ccciencias.mx/pdf/ebt/ebt02.pdf

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